Veracruz, Ver.— La protesta de conductores de plataformas digitales como Uber, DiDi e InDrive volvió a colocar sobre la mesa un tema que desde hace meses genera discusión en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río: ¿deben permitirse estos servicios bajo regulación o deben continuar los operativos contra vehículos particulares que trabajan como transporte por aplicación?
La tarde-noche del lunes 29 de junio, conductores de aplicaciones móviles bloquearon la avenida Rafael Cuervo, a la altura de Puerto Seco, en la zona norte de la ciudad de Veracruz. La manifestación surgió después de operativos estatales en los que fueron aseguradas unidades particulares que presuntamente ofrecían servicio de traslado de pasajeros mediante plataformas digitales. De acuerdo con reportes locales, el bloqueo afectó una de las principales vías de acceso a la ciudad y generó congestionamiento vehicular hacia la zona de Veracruz–Cardel.
Los conductores inconformes señalaron que las acciones afectan directamente su fuente de ingresos y pidieron la devolución de las unidades retenidas. También solicitaron una mesa de diálogo con el Gobierno del Estado para buscar un esquema que les permita trabajar de manera regular, con reglas claras y sin quedar expuestos a operativos o sanciones constantes.
El punto de conflicto: apps contra transporte concesionado
El fondo del problema no es únicamente el cierre de una avenida. La discusión principal está en el modelo de transporte que debe operar en Veracruz. Por un lado, los conductores de plataformas argumentan que ofrecen una alternativa que muchos usuarios ya utilizan por comodidad, rapidez, disponibilidad y seguridad. Por otro lado, el gremio taxista sostiene que existe una competencia desleal, ya que los taxis tradicionales deben operar con concesión, permisos, trámites, revisiones y obligaciones que los vehículos particulares no siempre cumplen.
De acuerdo con información publicada por Imagen de Veracruz, la operación de vehículos particulares como si fueran taxis no está permitida bajo el esquema estatal vigente, ya que el transporte público de pasajeros requiere concesión o permiso oficial. La misma fuente señala que las aplicaciones pueden reclutar conductores siempre que se trate de unidades registradas ante Transporte Público, no vehículos particulares sin autorización.
Esta diferencia legal es la que ha encendido el conflicto: los conductores de apps piden regulación para trabajar, mientras que taxistas exigen que se aplique la ley y que haya “piso parejo”.
La postura del Gobierno del Estado
Tras la protesta, la gobernadora Rocío Nahle García declaró que el tema se atiende mediante diálogo y orden. De acuerdo con XEU, la mandataria señaló que “hay espacio para todos, con orden”, y que el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, mantiene comunicación con las áreas de Transporte Público y con los propios conductores.
El mensaje abre la posibilidad de una revisión del esquema actual, aunque hasta el momento no se ha anunciado una autorización formal para que vehículos particulares trabajen libremente como transporte por aplicación en Veracruz.
El tema también se da en medio del programa estatal de reordenamiento del transporte público, anunciado para modernizar, supervisar y regularizar el servicio en Veracruz. Dicho programa contempla etapas de actualización y control vehicular, así como apoyos a concesionarios, con una segunda fase prevista para incorporar miles de taxis en 2027.
Usuarios, taxistas y conductores: tres realidades distintas
Para muchos ciudadanos, las plataformas digitales representan una alternativa frente a quejas recurrentes sobre tarifas, condiciones de las unidades o disponibilidad del servicio tradicional. De hecho, usuarios de taxis en Veracruz han expresado inconformidades por cobros elevados y mal estado de algunas unidades, de acuerdo con reportes recientes de Diario de Xalapa.
Sin embargo, para los taxistas concesionados, el crecimiento de las aplicaciones representa una amenaza directa a su economía. Desde mayo, organizaciones de taxistas han respaldado el reordenamiento del transporte y han solicitado operativos contra vehículos particulares que operan con apps, al considerar que no cumplen con las mismas obligaciones que ellos.
En medio quedan los conductores de plataformas, muchos de los cuales aseguran que dependen de esta actividad para completar sus ingresos. Algunos señalan que no se oponen a regularizarse, pero piden que exista una ruta clara para hacerlo y que no se les trate como delincuentes por buscar una fuente de trabajo.
Rafael Cuervo, símbolo de una tensión que puede crecer
El cierre de Rafael Cuervo no solo causó afectaciones viales. También mostró que el conflicto puede escalar si no se abre una solución clara. La avenida es una de las entradas importantes a la ciudad de Veracruz y conecta con zonas de alta movilidad, transporte de carga, unidades urbanas y tránsito hacia Cardel.
Cuando una protesta de este tipo ocurre en un punto estratégico, el impacto se siente de inmediato: automovilistas varados, rutas alteradas, usuarios molestos y una conversación pública que se traslada rápidamente a redes sociales. En Facebook, X e Instagram, el tema comenzó a circular con videos, transmisiones y comentarios divididos entre quienes apoyan a los conductores de apps, quienes respaldan a los taxistas y quienes simplemente exigen que no se afecte a terceros con bloqueos.
¿Regular o prohibir?
El caso obliga a una pregunta de fondo: ¿Veracruz debe mantenerse en un modelo donde solo el transporte concesionado pueda prestar servicio de traslado, o debe abrir una regulación específica para plataformas digitales?
La respuesta no es sencilla. Si se permite la operación de apps sin reglas, los taxistas quedan en desventaja frente a un servicio que no paga las mismas obligaciones. Pero si se prohíben por completo, también se ignora una realidad: miles de usuarios ya recurren a estas plataformas y muchos conductores ven en ellas una oportunidad de ingreso.
Por eso, el reto para las autoridades no es únicamente retirar unidades o liberar vialidades. El verdadero reto es construir un esquema que garantice seguridad para los usuarios, certeza para quienes trabajan, competencia justa para los taxistas y orden para la ciudad.
Una discusión que apenas comienza
Lo ocurrido en Rafael Cuervo demuestra que el tema de las apps de transporte ya no puede quedarse en operativos aislados. Veracruz necesita una discusión pública, técnica y transparente sobre el futuro de la movilidad en la zona conurbada.
Mientras tanto, la ciudadanía observa y opina: unos piden modernizar el transporte, otros exigen respetar la ley, y muchos más solo quieren un servicio seguro, accesible y sin conflictos en las calles.
La pregunta queda abierta para nuestros lectores:
¿Veracruz debe permitir Uber, DiDi e InDrive bajo una regulación clara, o deben continuar los operativos contra vehículos particulares que trabajan por aplicación?